19S: desastre social

x OLEP/Fragua

El pasado 19 de septiembre la tierra sacudió sus entrañas. Son miles de personas damnificadas y cientos de muertos. Personas que perdieron sus casas o trabajos, niños que quedaron sin escuela, familias que acabaron separadas para siempre. No se puede desde luego culpar a nadie por el temblor, vivimos en una zona sísmica y deberíamos estar preparados siempre para el siguiente desastre. Sin embargo, es responsabilidad del Estado mexicano estar listo para el siguiente desastre así como el que la población tenga una mínima preparación para afrontar estos eventos; es su responsabilidad que los equipos de rescate (no los de seguridad pública) estén listos y preparados ante cualquier eventualidad y que las nuevas construcciones se hagan de acuerdo con las normas adecuadas al tipo de suelo en el que vivimos así como también erogar los recursos necesarios para las labores de atención a los damnificados y de reconstrucción de las zonas afectadas.

Ante estas consideraciones, cabe preguntarse: ¿está cumpliendo el Estado mexicano con su responsabilidad? ¿Puede cumplirla? Quienes habitamos en los estados afectados fuimos testigos directos de la indolencia de las autoridades en todo momento. Primero, fue tardía la respuesta ante el desastre en todos los sentidos: no había alarmas sísmicas en la zona del epicentro; no hubo cuerpos oficiales de rescate hasta bien entrada la noche; los hospitales no pudieron responder adecuadamente, sino hasta días después, pues varios de ellos sufrieron afectaciones; y no se dio información clara a la población hasta un día después de lo ocurrido.

Días después se empezó a notar un hecho importante: muchas de las construcciones que cayeron eran nuevas, se habían hecho sin seguir las regulaciones adecuadas y ¿quién dio los permisos para construir esas trampas mortales? En fin, en el desastre, el Estado mexicano no atendió sus obligaciones, fue omiso e incapaz.

Fue el mismo pueblo quien de inmediato acudió a las zonas de desastre. El mismo pueblo empezó la remoción de los escombros con sus manos, con herramienta que la misma gente consiguió y que muchas veces no era adecuada. Las grandes empresas no movieron un dedo. Ahí estaban los rescatistas voluntarios pidiendo herramienta y equipo, mientras que grandes comercios como Home Depot tenían llenos sus grandes almacenes con todo el equipo necesario. Ahí teníamos a los voluntarios pidiendo medicamentos, cuando las grandes cadenas farmacéuticas podían haber puesto sus almacenes a disposición. Ahí estaban los centros de acopio voluntarios pidiendo que alguien donara un viaje hacia las zonas desatendidas, mientras los grandes consorcios de transporte se quedaban inmóviles ante el desastre. Los militares no aparecieron, sino hasta la noche y con una única misión: desactivar la solidaridad desplegada por el pueblo.

Fue un desastre natural, pero era previsible. La gran tragedia no fue provocada por la naturaleza, sino por la indolencia de quienes se supone son responsables del bienestar de las personas. Tres ejemplos bastan para ilustrar nuestro punto. Primero, el edificio de Bolívar y Chimalpopoca: con cuatro plantas, en la colonia Obrera, muy cerca del centro histórico de la Ciudad de México; en él había varias empresas, la mayoría textileras, algunas eran propiedad de extranjeros, y entre los trabajadores de estas empresas había quienes no tenían derechos laborales o prestaciones sociales de ningún tipo. En este sitio laboraban alrededor de 100 personas (no sólo mujeres y no sólo costureras, pero proletarios todos), de los cuales sólo pudieron sobrevivir 20, el inmueble no era adecuado para ser el lugar de trabajo de tantas personas, mucho menos para un desalojo exitoso en un desastre. El segundo ejemplo es el infame colegio Rébsamen en la delegación Tlalpan: era una escuela privada que atendía alrededor de 400 alumnos entre tres y 15 años en una construcción irregular que no debía tener permisos para operar como escuela. La dueña no se ha hecho responsable, peor aún está exigiendo los pagos de colegiaturas incluso después del desastre, pero ¿quién declaró que este edificio era apto para albergar la vida de 400 infantes? En este caso se cuenta con nombre y apellido del responsable, se trata del ingeniero civil Francisco Arturo Pérez Rodríguez, quien después de esto sigue dictaminando la seguridad de escuelas en la zona metropolitana. Un tercer caso es el de un edificio en la colonia Portales que tenía apenas tres meses de haberse inaugurado, ¿qué respondió la constructora al ser cuestionada al respecto? “Se trata de un hecho fortuito”. Sin embargo, los mismos rescatistas pudieron constatar que el edificio estaba hecho con material de calidad cuestionable, varillas delgadas, sin columnas de soporte, etcétera.

No fueron los empresarios y no fue el ejército quienes ayudaron a nuestro pueblo. En cambio, las grandes empresas están sacando provecho del sufrimiento de las personas. Eso sí, inmediatamente empezaron las campañas llamando a la “unidad nacional”, pues es momento de estar unidos, nos dicen.Ya nos hemos cuestionado esto en FRAGUA: ¿unidad con quién, para qué? ¿Unidad con quienes nos explotan, con quienes prefieren sacar cadáveres que rescatar personas, con quienes se han aprovechado de la muerte de cientos de personas? ¿Unidad con los que tienen sus casas en pie y quieren cobrarnos una nueva hipoteca como si fueran responsabilidad nuestra los derrumbes? No, desde la Organización de Lucha por la Emancipación Popular planteamos que la unidad es con el pueblo, para destruir y superar este sistema de explotación, de hambre, miseria y muerte. México está de pie y debe emprender la lucha por su liberación. Limpiémonos el polvo de los escombros y derrumbemos el capitalismo, construyamos juntos el edificio de un mundo nuevo sin explotación, sin hambre y sin miseria, un mundo socialista donde la vida digna no sea un lujo, sino un derecho para todos.

NOTA:Este artículo fue publicado en el No. 30 de FRAGUA , órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), Octubre-Noviembre 2017.

 

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