Genaro García Luna: terrorista de Estado. Delincuente neoliberal

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EL 9 DE DICIEMBRE DE 2019 fue detenido Genaro García Luna en Texas, acusado de corrupción y tráfico de drogas. Su proceso legal comienza a destapar relaciones ilícitas con otros altos funcionarios, lo cual no sorprende. Los medios se han enfocado sobre todo en sus vínculos con el narcotráfico y en su enriquecimiento ilícito, pero hay más que decir sobre este oscuro personaje.

Su carrera comenzó en 1989, al ingresar al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), específicamente en el grupo “antiterrorismo”, bajo el mando de Wilfrido Robledo. En realidad, lo que esta parte del CISEN combatía y entendía como “terrorismo” eran las guerrillas: su creación fue una respuesta directa del Estado a la presencia del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en 1996. Así pues, García Luna es de origen un cazaguerrilleros.

En 1999 se creó la Policía Federal Preventiva (PFP), con Wilfrido Robledo como primer comisionado. Esta organización sistematizó la información del EPR, Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), entre otras organizaciones. El responsable del manejo de la información fue García Luna.

Es de notar que el Estado concibe a los grupos guerrilleros como terroristas, y su estrategia es la de aniquilarlos, evadiendo el hecho de que los grupos insurgentes son producto de injusticias sociales propias del sistema capitalista.

El guerrillero no es un delincuente, es una persona que ha decidido conscientemente optar por la vía armada como última solución para enfrentar las injusticias sociales y para transformar la realidad.

Entre otras de las acciones represivas de García Luna se encuentra la organización del operativo en el que la PFP tomó Ciudad Universitaria para terminar con la huelga de 1999- 2000. En cierto modo, García Luna replicaría y mejoraría esta acción policiaca en 2009, cuando tomó violentamente las instalaciones de Luz y Fuerza bajo las órdenes de Felipe Calderón.

En 2001, el gobierno de Vicente Fox creó la Agencia Federal de Investigación (AFI), con García Luna al mando. La AFI se vendió mediáticamente como una policía tecnológica, especializada y científica, siguiendo el modelo del FBI. Tanto fue así que García Luna implementó la estrategia del montaje mediático: en contubernio con las televisoras orquestaba shows para mostrar la eficiencia de su Agencia. Entre estos espectáculos, el más conocido y polémico fue el de Florence Cassez.

No obstante, en los hechos la AFI y la PFP fueron el brazo represor del Estado, como podemos recordar por los acontecimientos en 2006 sucedidos en San Salvador Atenco y Oaxaca, en el contexto de la APPO. En el caso de las guerrillas populares, estas instituciones dieron continuidad a las prácticas de la guerra sucia por medio de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, encarcelamientos y amenazas de muerte, que se practicaron sistemáticamente incluso en contra de familiares de insurgentes.

A inicios de su sexenio, Felipe Calderón fusionó la PFP con la AFI en lo que ahora sería conocido simplemente como Policía Federal (PF). A pesar de sus crímenes contra la población, Genaro García Luna no fue juzgado; en cambio, sí fue premiado por este gobierno con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Él fue quien elaboró la Estrategia Integral de Prevención al Delito y Combate a la Delincuencia; en otras palabras, fue el operador directo de la llamada “guerra contra el narco”.

Para ello, formó la policía más poderosa en la historia de México, asimilando militares e integrantes de la Marina en un organismo que llegó a contar con casi 40 mil efectivos, tecnología de punta y un presupuesto desmedido. Calderón, progresivamente a lo largo de su mandato, aumentó hasta 400% los recursos para seguridad. De ese presupuesto, García Luna podía usar hasta el 80% a discreción, es decir, sin rendir informe alguno de sus gastos. Asimismo, a partir de 2008 se implementó la llamada Iniciativa Mérida, un acuerdo entre México y Estados Unidos para “combatir” el narcotráfico y el crimen organizado. A través de esta iniciativa, Estados Unidos otorgó dinero para comprar aviones y helicópteros militares, tecnología de punta y capacitaciones. En 10 años, el monto obtenido ascendió a 3 mil 74 millones de dólares.

Bajo el pretexto de la guerra contra el narco, esta corporación, en los hechos, lo que hizo fue proteger los intereses de la burguesía trasnacional, de la clase política en turno, de Estados Unidos y hasta de una parte del crimen organizado. El resultado lo conocemos y fue sangriento: según las siempre moderadas cifras oficiales, en el sexenio de Calderón — con responsabilidad directa de García Luna— hubo 120 mil personas asesinadas, 20 mil desaparecidos, más de cuatro mil denuncias por tortura y 281 mil personas desplazadas de forma forzada.

Como ya sabíamos y ahora se hace evidente en su juicio, la guerra contra el narcotráfico fue una simulación planeada desde el gobierno norteamericano y García Luna fue su soldado. Todo el saldo negro de su trayectoria policiaca evidencia que esta “guerra”, en realidad, respondió a una política de terrorismo de Estado contra el pueblo mexicano.

Ahí no acaba la cosa: a pesar del derroche presupuestal que le fue concedido en la SSP, esta dependencia heredó una deuda de 2 mil 500 millones de pesos en su dependencia. Al comenzar el gobierno de Peña Nieto, García Luna se retiró a Miami, en donde fundó su propia empresa de consultoría de seguridad, señalada ahora por vínculos con el caso de corrupción de la Perforadora Oro Negro, empresa de los Cañedo, sobrinos del Secretario de Hacienda de Fox, Francisco Gil Díaz. Además, se ha revelado que el gobierno de Peña Nieto le hizo depósitos de dinero federal vía Osorio Chong.

Finalmente, algunas apreciaciones relacionadas con el gobierno en turno. Primero, nos oponemos a una Guardia Nacional formada con base en elementos de la PF por la participación de sus elementos en los hechos represivos arriba mencionados, entre muchos más. Segundo, hay que remarcar que es el gobierno estadounidense quien “sacrificó” a su soldado y hoy, al parecer, lo procesan, pero no así el gobierno mexicano; nosotros, como organización, seguiremos pugnando por que sea el pueblo mexicano quien enjuicie a este perverso personaje, incluyendo a otro responsable directo: el expresidente Calderón. Tercero, queda señalar que uno de los brazos derechos de García Luna, Luis Cárdenas Palomino, desde 2013 trabaja en Adamantium Private Security Services, una empresa de espionaje y seguridad privada, propiedad de uno de los empresarios consentidos de la 4T: Ricardo Salinas Pliego, y que recibió 24 contratos públicos por un monto de 510 millones de pesos durante el sexenio de Peña Nieto.

En concordancia con lo expuesto, invitamos a los lectores a conocer nuestro Programa Mínimo de Lucha, pues en él planteamos respuestas concretas a casos como el de García Luna. En el punto 4 y 9 exigimos acabar con el terrorismo de Estado y la represión política, así como juicio y castigo a cualquier funcionario y empresario que se haya enriquecido con el neoliberalismo.

NOTA: Este artículo fue publicado como parte de la portada del No. 49 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), Enero, 2020.

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