El gobierno a favor de las empresas. El agua no es una mercancía

x OLEP/Fragua

El agua es vida. Del agua dependen los cultivos y el ganado, es decir, nuestro alimento. Somos 70% agua. No podemos persistir sin ella. El derecho a disfrutar del agua para consumo humano es inherente al derecho a la vida de las personas. No podemos pensar uno sin el otro. Pero la burguesía y sus partidos no piensan en derechos, no piensan en el futuro y no les interesan los millones de personas que hoy en la ciudad de México viven sin agua, esperando la tanda semanal o peor, esperando a que la pipa llegue antes de que se acaben los tambos.

El pasado mes de diciembre los diputados de PRD, PAN, PVEM y PRI de la Asamblea Legislativa (ALDF), aprobaron la Ley de Sustentabilidad Hídrica que da pie a la privatización del sistema de agua en la Ciudad de México durante al menos 25 años.Además de esta Ley, el PRD, PAN, PVEM y el PRI también aprobaron la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de México, ampliamente criticada pues garantiza el negocio inmobiliario del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Esta Ley sólo profundizaría la opacidad y arbitrariedad que han caracterizado al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) durante las últimas administraciones. Es sospechosa la urgencia que tienen los partidos PRD y PAN por aprobar una Ley antes de las elecciones y antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución para la Ciudad de México, la cual decreta el derecho al agua, por lo que buscan tener amarrado el negocio antes de esto.

La Ley incluye los componentes requeridos por las empresas para la privatización, como permitir que el Director General de SACMEX (que ahora será una paraestatal), firme acuerdos con las empresas, sin que los ciudadanos tengan acceso a los términos de los acuerdos, como ha sucedido en Puebla y Quintana Roo, donde el contenido de los acuerdos fueron “reservados” por 14 años después de su firma.

Dicen los burgueses que el agua falta en la ciudad porque la administración es burocrática e ineficiente, por supuesto ellos tratan de vendernos la privatización como la panacea, como una medicina mágica que cura todos los males. Según ellos el servicio estaría garantizado pues los empresarios son mejores administradores. Siempre son los mismos argumentos, las mismas máscaras: “descentralización”, “ciudadanización”, “desconcentración”, “modernización”. Tratan de convencernos de que ese camino, el de la privatización, es la única y más adecuada solución a los pésimos servicios que brinda el Estado a la clase trabajadora, pues en las zonas residenciales nunca les falta el agua para regar sus pastos, llenar sus albercas y menos para cocinar o bañarse.

La Ley incluye apartados sobre la comercialización del agua de lluvia. Sí, por ridículo que suene la Ley prevé la posibilidad de que una empresa capte agua de lluvia, la potabilice y la venda.Que nos vendan el agua de lluvia como una mercancía suena al más absurdo de los objetivos de la burguesía.

No es la primera vez que esto ocurre, en Bolivia, en el año 2000, el gobierno capitalista de ese país decretó una ley muy parecida a la que se decretó en la Ciudad de México. Esa ley privatizaba el disfrute del agua potable y no hacía distinción entre las distintas necesidades de una población mayoritariamente campesina e indígena. La principal empresa beneficiada fue Aguas Tunarí, propiedad de uno de los expresidentes de aquella nación sudamericana, que a su vez tenía acuerdos con la empresa norteamericana Brechel. Una vez que la iniciativa privada tomó el mando del abastecimiento del agua, las tarifas se elevaron irracionalmente, millones perdieron el poco acceso que aún tenían al vital líquido. No cabe duda que la burguesía administra eficientemente.

¿Cómo respondió el pueblo boliviano a esta afrenta de la burguesía y su gobierno? La población organizada salió a la calle, se hicieron grandes manifestaciones, se declararon huelgas y se realizaron grandes bloqueos. La represión y las campañas de desprestigio no se hicieron esperar. Pero los riesgos que corrió el pueblo boliviano no han sido infructuosos. El régimen progresista, aunque con asegunes, que gobierna hoy Bolivia es resultado directo de aquel proceso de lucha.

La gran burguesía internacional desde hace décadas se está preparando para asumir el negocio millonario del agua para consumo humano, un negocio que les aseguraría por décadas las ganancias que hoy escatiman a la extracción del petróleo, se trata de un negocio que dejaría 400 mil millones de dólares al año en ganancias. En África, en Europa oriental y en América Latina hay consorcios privados operando servicios de agua potable. Los principales beneficiarios son la norteamericana Brechel y las francesas Viviendi y Suez. ¿Qué sería hoy de Bolivia si su pueblo no se hubiera volcado a las calles en la defensa del agua?

La Organización de Lucha por la Emancipación Popular enarbola la lucha por el derecho al agua en nuestro programa mínimo para la Ciudad de México, el primer punto es “Agua potable para todo el pueblo”. En nuestro programa proponemos: “Acceso universal de agua potable, mínimo 100 litros por habitante en cada vivienda”, “Contra la privatización del SACMEX”, “Tarifas justas y mayores recursos a la construcción de obra hidráulica”. Es una mentira que en nuestra ciudad falte el agua. Lo que falta es un servicio cuyo objetivo sea que el pueblo disfrute del agua según su necesidad y no un esquema en el que se le considera como mercancía, y cuyas ganancias irán a parar a los bolsillos de los burgueses nacionales e internacionales.

¡El agua no es una mercancía, el agua es vida y los trabajadores tenemos derecho a la vida y sabremos defenderla!

NOTA: Este artículo fue publicado como parte de la sección ANÁLISIS del No. 31 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), Enero-Febrero 2018.

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Leyes para la dictadura, dictadura en beneficio del Capital

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Este año estará marcado por la nueva elección presidencial en nuestro país. Una vez más el pueblo mirará y escuchará hasta el hartazgo discurso tras discurso y promesa tras promesa en la radio, la televisión y hasta el cine “para variar”.

Sin embargo, esta elección tiene cosas nuevas no vistas en nuestro país desde hace muchos años: nos referimos a la aprobación y expedición de la Ley de Seguridad Interior (LSI). A finales del 2017 el poder legislativo con el PRI y el PAN a la cabeza y el representante del poder ejecutivo aprobaron y expidieron una ley para garantizar el fraude electoral.

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Estado de México 2017: Otro fraude electoral

x Ramón Magaña
Uno más. El primero a Morena, el tercero contra la figura de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Un grano de arena más en las playas fraudulentas de la historia nacional. Procedimiento por el cual las clases oligárquicas se han perpetuado en el poder casi desde la fundación de la República, desde aquellos tiempos en que don Porfirio Díaz se proclamaba presidente con el 99% de la votación a favor o, por ejemplo, a mediados del siglo XX, cuando el PRI financiaba a los partidos opositores para que durante las jornadas electorales diera la impresión de que había distintas opciones para el electorado mexicano, hasta los días que corren, en que se echa a andar la maquinaria de compra de votos, intimidación violenta a la oposición, se coloca como funcionarios electorales a miembros de bajo perfil del mismo grupo en el poder y se controlan los principales medios de comunicación convencionales para mojar la brocha con la que se pinte un nuevo atentado a la democracia mexicana.

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Plebiscitos a modo: la triple alianza ataca de nuevo en la UACh

x Brisa Vázquez

Guardemos las bellas palabras, que son pocas,

para las cosas grandes, que son más pocas todavía.”

Julio Antonio Mella

(militante revolucionario cubano)

Imaginemos por un momento, sólo por un momento, que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) gana las elecciones presidenciales del 2018. Imaginemos que esta vez no le hacen fraude o, bien, que su victoria es tan amplia que el fraude no alcanza para ocultarla; imaginemos que gana por una mínima diferencia de votos, pero que sus adversarios respetan su triunfo porque no hacerlo llevaría al país a un enfrentamiento que, en ese momento, no desean. Por fin, después de 40 años de neoliberalismo, habría un presidente que cuestiona las “maldades” del neoliberalismo y con pretensiones nacionalistas como inquilino de Los Pinos. Claro, eso sí, le entregarían el país hecho trizas; con 300,000 muertos y 35,000 desaparecidos como saldo de la “guerra contra el narco”, con una educación pública en decadencia, petróleo privatizado, sistema de salud en proceso de privatización y una larga lista de etcéteras.

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