T-MEC, “agregados laborales” o injerencia colonialista de Estados Unidos en México

x Adrián Sotelo

Hasta ahora resulta un verdadero galimatías el asunto de los llamados “agregados laborales” que pretende imponer Estados Unidos para supervisar la legislación laboral mexicana en función de la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (denominado T-MEC, por sus siglas en castellano o USMCA, por sus siglas en inglés).

Se trata de una figura unilateral de Washington, sin reciprocidad, para monitorear dicha legislación desde su embajada en México que, de aceptarse, estaría en franca violación de la Constitución Política y de sus leyes reglamentarias que impiden el monitoreo extranjero de cualquier ordenamiento legal que no sea realizado por autoridades e instituciones mexicanas.

Debido a la secrecía con que, tanto en el gobierno de Peña Nieto como en el actual de López Obrador, fue “negociado” y “acordado”, no se sabe si los mencionados agregados fueron incluidos en la ratificación del T-MEC (como aseguran los voceros estadunidenses), o creerle al negociador mexicano, Jesús Seade, subsecretario para América del Norte, quien afirma que no fueron incluidos en la ratificación y no serán aceptados por el gobierno mexicano.

Cantinfleando, Meade escribe en su cuenta Twitter que: “En esto, como concesión a los duros (de Estados Unidos), su proyecto de ley incluye un mecanismo interno de monitoreo de nuestra reforma laboral, redundante a lo que dispone el tratado, 90% interno e inofensivo, pero que debió haberse advertido y expresa desconfianza» (El universal, 16 de diciembre de 2019).

Resulta risible que un subsecretario designado para las negociaciones del acuerdo de libre comercio asegure que la injerencia del imperialismo norteamericano, a través de su embajada en México, para monitorear tanto la reforma laboral como su aplicación por inspectores o agregados estadounidenses sea inofensiva, a pesar de que, por lo visto, fue inadvertida tanto por los negociadores del gobierno de López Obrador, como por los senadores que la aprobaron sin percatarse de la existencia de esa injerencia , escrita en letra pequeña, según aseguran quienes tuvieron acceso al documento original.

Por su parte el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Arturo Monreal, en la misma dirección que el subsecretario para América del Norte, declaró que: “Si bien esta disposición no forma parte del texto del T-MEC, sino de una regulación interna de Estados Unidos de América, la mayoría en el Senado de nuestro país rechazamos tajantemente la intención de que la Ley de Implementación incluya esta disposición, al tratarse de una medida que, por no haber sido consultada ni acordada con México, resulta inaceptable y va en contra de la buena voluntad y el espíritu con que fueron firmados el T-MEC y el propio Protocolo Modificatorio” (Reforma, 25 de diciembre de 2019).

Según esta declaración, los “agregados laborales” fueron introducidos ex-post por Estados Unidos y no figuran en la arquitectura del ratificado T-MEC.

En una carta dirigida a Meade y difundida en la prensa internacional, el representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, escribió su respuesta respecto a lo que llamó “legislación de implementación” que la Administración Trump presentó al Congreso en relación con el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. Aclara que “…la Embajada de los Estados Unidos en México actualmente alberga agregados de más de una docena de agencias federales, incluido el personal de los Departamentos de Agricultura, Comercio, Defensa, Tesorería y Justicia para apoyar la misión diplomática de Estados Unidos en México”. Y más adelante dice que: “La Administración incluyó lenguaje en la legislación de implementación del T-MEC que autoriza hasta cinco agregados del Departamento de Trabajo para trabajar con sus contrapartes mexicanas, trabajadores y grupos de la sociedad civil en la implementación de la reforma laboral mexicana…proporcionando asistencia técnica desembolsando fondos para el desarrollo de capacidades y asistencia al nuevo comité laboral inter-agencias del gobierno de Estados Unidos”. En esta declaración aclara que “Estas personas no serán “inspectores de trabajo”.

Lo anterior revela la injerencia de las agencias norteamericanas en distintas instancias de las instituciones mexicanas y, más allá de la última declaración, no queda claro, ni convincente, cuál será verdaderamente el papel de los “inspectores de trabajo” de Estados Unidos en nuestro país. Por supuesto que no existe personal mexicano de este tipo que vigile la aplicación de la legislación laboral norteamericana, por lo que es prácticamente imposible detectar las violaciones que las patronales de ese país realizan sistemáticamente a sus leyes laborales y en contra de los derechos y los convenios de los trabajadores que ocurren, incluso, en condiciones peores que las prácticas de violación laboral y de corrupción que sucede en México.

Lo que no consideran ni unos ni otros, es que desde 1994, en que se puso en práctica el todavía vigente Tratado de Libre Comercio de América del Norte(TLCAN), la firma de dicho tratado se realizó entre dos países imperialistas como son Estados Unidos y Canadá, y uno dependiente y subdesarrollados como México, que no sólo es “asimétrico”, como se dice en el lenguaje convencional de la relaciones internacionales, respecto a estos, sino que depende, tanto en sus ciclos de producción como de intercambio y consumo de la todavía primera potencia capitalista del mundo.

De la misma manera que Washington impuso a México, en los hechos, la condición de ser “tercer país seguro” y que el gobierno aceptó sin cortapisas, es muy probable que si Estados Unidos ratifica la figura de los agregados-inspectores para monitorear la reforma laboral mexicana, el gobierno difícilmente podrá oponerse, so pena de que el magnate de la Casa Blanca, a pesar de las buenas relaciones que asegura mantener con el presidente mexicano, amenace con desconocer el T-MEC y/o imponer algún tipo de sanciones que dobleguen al gobierno mexicano para que al final sean aceptados dichos inspectores, ratificando, de esta forma, el carácter colonial y políticamente dependiente del Estado mexicano respecto a Estados Unidos.

Fuente: Rebelión.org