Eduardo Medina Mora, nuevo ministro peñista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Con la elección de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hecha por el Senado, queda de manifiesto una de las expresiones más obvias de la descomposición política del régimen neoliberal en México: la inexistencia del estado de derecho. Las instancias del Poder Judicial, mayoritariamente, no respetan la Constitución General de la República y las leyes y reglamentos emanados de ella, y los dictámenes, sentencias y “resolutivos” de los organismos de administración y procuración de justicia son violatorios de los mismos ordenamientos. Las autoridades judiciales avalan fraudes electorales, direcciones espurias de sindicatos, saqueos de recursos naturales de la nación, reformas constitucionales pro gringas, modificaciones legales contra los trabajadores asalariados, reformas que abaten conquistas del magisterio, utilización permanente del Ejército y la Marina Armada en funciones policiales y prohibición a la ciudadanía para intervenir en asuntos de su incumbencia, entre otros atropellos a la vigencia de la Ley Fundamental.
Testigo de la ilegalidad y el ascenso de la criminalidad
Entre diciembre de 2000 y septiembre de 2009, Eduardo Medina Mora ocupó puestos clave en los órganos federales de seguridad, de inteligencia y de procuración de justicia, pues tuvo los siguientes nombramientos: director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, dependiente de la Secretaría de Gobernación y encargado de las labores de inteligencia contra las organizaciones guerrilleras y enemigas del Estado, desde diciembre de 2000 hasta septiembre de 2005. Después, pasó a ser titular de la Secretaría de Seguridad Pública, entre septiembre de 2005 y noviembre de 2006. Las dos posiciones anteriores las ejerció bajo el sexenio de Vicente Fox Quesada. Luego desempeñó el cargo de procurador General de la República, entre diciembre de 2006 y septiembre de 2009, siendo presidente del país Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Durante sus años de importante burócrata en los gobiernos del PAN, Medina Mora jugó un rol destacado en la observación de los acontecimientos que se desarrollaron en México: la muerte de decenas de miles de mexicanos por la supuesta guerra contra el narcotráfico; el crecimiento del trasiego de narcóticos y la delincuencia organizada como nunca antes; la extensión a otros campos de las actividades criminales de los capos de la droga; la ocupación de amplias áreas y regiones por el crimen organizado en Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Michoacán y otras entidades federativas, y penetración de la delincuencia organizada en el seno del Estado mexicano. Por donde se le vea, el balance para nada es positivo.
En paralelo, el país se vio inundado por la presencia de elementos de las fuerzas armadas y policíacas de Estados Unidos, que se expresa en la apertura de oficinas de sus agencias de seguridad, espionaje y provocación; el arribo masivo de sus “asesores”, agentes, mercenarios (“contratistas”), provocadores, espías y otros cuadros policiales y militares, y la participación de agentes yanquis en la persecución y aprehensión de delincuentes, entre otras acciones antinacionales, anticonstitucionales y de sumisión ante los gobiernos intervencionistas de allende el río Bravo. Son actividades enemigas de la soberanía nacional. De este tamaño es la responsabilidad del señor Eduardo Medina Mora.
El michoacanazo
Poco antes de las elecciones federales intermedias, en mayo de 2009, el gobierno panista de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa organizó un golpe de mano en el estado de Michoacán: 38 alcaldes y funcionarios estatales y municipales fueron aprehendidos, por supuestos vínculos con el narcotráfico y la delincuencia organizada. Esta acción ilegal e inconstitucional se dio durante el ejercicio de Eduardo Medina Mora Icaza como procurador General de la República. Los políticos arraigados militaban, en su mayoría, en las filas del Partido de la Revolución Democrática y el Partido Revolucionario Institucional; para taparle el ojo al macho, se incluyeron algunos afiliados del Partido Acción Nacional.
Esta acción fue conocida como el michoacanazo. Sin duda, fue expresión del uso partidista de la justicia, pues la maniobra electoral era clara: buscar desprestigiar a la oposición política y fortalecer las candidaturas del PAN. Sin embargo, fue una maniobra fallida y mal programada, organizada y ejecutada. Los políticos y burócratas detenidos fueron excarcelados, por falta de pruebas, por absolución o por revocación de los autos de formal prisión, con excepción de uno que se dio a la fuga. Con esto quedó demostrada la incompetencia proverbial de Eduardo Medina Mora Icaza.
Un burócrata no idóneo, derechista y agente de los monopolios
El periodista Jenaro Villamil, en un artículo publicado en Regeneración, señaló acerca de los impedimentos del ex jefe policíaco para ocupar un puesto en la SCJN: “3. No cumple con los requisitos de residencia e idoneidad. Es público y notorio que desde 2010 a 2015 Medina Mora ha sido embajador de México en Gran Bretaña y Estados Unidos sin tener carrera diplomática. Eso no le genera ningún rubor para negar que tenga problemas de residencia. Y, peor aún, no tiene ninguna experiencia jurisdiccional que avale su ascenso al máximo órgano de justicia del país. La idoneidad es uno de los principales requisitos para llegar a la Suprema Corte de Justicia.
“4. Adversario de la propia Corte a la que quiere integrarse. Aunque no lo admita, Medina Mora fracasó rotundamente en 2007 al promover una acción de anticonstitucionalidad contra la legislación del Distrito Federal que despenalizó el aborto. Por 8 votos en contra y sólo 3 a favor de los integrantes de la Sala Superior de la Suprema Corte, Medina Mora perdió ese litigio. Durante su comparecencia ante el Senado, presumió que “ganó” el 97 por ciento de las más de 230 acciones de inconstitucionalidad que interpuso contra reformas de los Congresos estatales, pero los asuntos fundamentales los perdió.
“5. Pertenece a poderosos grupos de interés. Un juez con tantas amistades en la élite económica, política y mediática no garantiza confiabilidad sino crecientes conflictos de interés. El mismo admite que su trayectoria antes de integrarse al servicio público fue como abogado de grandes grupos corporativos como DESC, como cabeza de los empresarios que respaldaron a Carlos Salinas en la negociación del TLCAN con Estados Unidos y amigo de muchos años de personajes centrales que dominan Grupo Televisa, como Bernardo Gómez o Alejandro Quintero, los vicepresidentes más ambiciosos de este corporativo mediático”.
Un funcionario represor y racista
Eduardo Medina Mora Icaza era titular de la Secretaría de Seguridad Pública cuando fueron reprimidos, en 2006, los movimientos sociales de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco, Estado de México, que fueron tratados con exceso de violencia y negación del orden constitucional, lo que se tradujo en asesinatos, heridos, presos políticos, desaparecidos, violaciones sexuales y otros actos que mostraron el talante represivo del nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los testimonios audiovisuales no dejan lugar a dudas: en Oaxaca y San Salvador Atenco se violaron en forma general y sistemática los derechos humanos de los participantes en ambos movimientos sociales, con el objeto de impedir la organización de los campesinos, los maestros y el pueblo, además de apoyar las medidas de fuerza de los gobiernos de la Federación, encabezado por Vicente Fox, y de la entidad mexiquense, dirigido por Enrique Peña Nieto. Argumentar que el entonces secretario de Seguridad Pública estuvo al margen de estos hechos es una necedad, que no vale la pena refutar.
Medina Mora no sólo sobresalió como burócrata represor, sino que también destacó como racista típico del panismo en el poder, como queda demostrado hoy día con el trato dado por el gobernador poblano Rafael Moreno Valle Rosas a las comunidades indígenas nahuas y el gobernador sonorense Guillermo Padrés Elías a la tribu yaqui, ambos “estadistas” del Partido Acción Nacional. En una carta enviada a la Cámara de Senadores, firmada por decenas de miles de ciudadanos, se afirma: “Como procurador General de la República, fue responsable [de] la violación grave de los derechos de Alberta Alcántara Juan, Teresa González Cornelio y Jacinta Francisco Marcial, tres mujeres indígenas ñhä-ñhú (otomíes), detenidas en 2006 y encarceladas por más de tres años acusadas de secuestrar a seis agentes de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI). La irregular integración de la averiguación previa por la institución que él encabezaba resultó en la recomendación 47/2009 por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En dicha recomendación se afirmó que servidores públicos de la PGR violaron los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y procuración de justicia de Alberta, Teresa y Jacinta. Jacinta salió libre en septiembre de 2009 cuando la PGR se desistió de la acusación en su contra, poco después de que el Lic. Medina Mora abandonara la Procuraduría. Alberta y Teresa, por su parte, no fueron liberadas hasta abril de 2010 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —de la cual se pretende que el entonces procurador ahora forme parte— revocó la sentencia y las declaró inocentes”. La propuesta de terna que envió Enrique Peña Nieto al Senado, el 17 de febrero del año en curso, que incluyó el nombre de Eduardo Medina Mora, concitó de inmediato una ola de repudio de defensores de derechos humanos, grupos feministas, comunidades indígenas, organizaciones sociales, partidos políticos, periodistas e intelectuales, que expusieron con lujo de detalles por qué el enemigo de los derechos básicos de la mujer no debía llegar a ser ministro de la SCJN. Empero, todas estas opiniones fueron ninguneadas por Peña Nieto, que no retiró el mencionado nombre de la terna, y por los senadores que eligieron, ciertamente por un mínimo margen, al nuevo ministro peñista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Queda evidenciado, así, que el marco jurídico de la nación será utilizado para lograr los objetivos del grupo en el poder.