¡Elecciones, jóvenes!

x Nael Ramírez Domínguez

Ya han iniciado las campañas electorales en nuestro país, por uno u otro lado vemos spots, notas periodísticas y entrevistas a candidatos, las redes sociales estallan en discusiones y una oleada de memes políticos se viralizan cada día, somos la generación que está viviendo una campaña electoral centrada en las redes sociales, somos la generación que representa un tercio de la población en México, somos muy importante, somos el presente construyendo futuro.

Pero ¿qué futuro queremos? ¿cómo debe ser el mañana y cómo nos vemos en él?, estas preguntas deben estar presente en todo momento de nuestra vida escolar, laboral y de recreación, ya que ponen de relieve muchas más preguntas que como generación debemos responder en lo individual y como colectivo.

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Cinco años de OLEP, cinco años de FRAGUA

x OLEP/Fragua

La lucha por el socialismo no está separada de la lucha por resolver las necesidades inmediatas del pueblo; la lucha política del pueblo por superar el capitalismo no está divorciada de la lucha económica, esta verdad probada por años de práctica del movimiento proletario en México y el mundo y por el desarrollo teórico del marxismo-leninismo ha regido nuestra estrategia, nuestra táctica y nuestra metodología durante los ya cinco años de existencia como Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP) y de 34 números de nuestro querido y entrañable periódico FRAGUA.

Pero aunque esta verdad del vínculo entre lucha política y lucha económica nos ha regido, debemos decir que no siempre lo hemos sabido aplicar en nuestra práctica.

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Mérida, una ciudad segregada

x Cristóbal León Campos

I

Al ser construidas las metrópolis latinoamericanas durante la época colonial, una de sus características fue la presencia de espacios físicos de marginación y segregación, que de origen tuvieron como pretexto, las concepciones raciales y étnicas que sirvieron como justificantes de la dominación y fijaron en el imaginario social las diferencias como razones político-económicas y socio-culturales, hoy, a más de quinientos años del inicio de la edificación de las ciudades en nuestra América, y en muchos casos, doscientos años después de las guerras de independencia y la conformación de los Estados-Nación, la marca del racismo continua visible, los partidarios de la nostalgia colonial han conseguido que se preserven espacios físicos segregados, y los reafirman con las acciones cotidianas de gobierno que establece el llamado “orden social”. En México, este hecho es reconocible en las capitales, y en particular, en Yucatán la ciudad de Mérida mantiene esa división como una constante en el quehacer diario, sin importar, que las leyes y el discurso oficial, hablen en otro sentido, la realidad es, que el aire que aún se respira, está cargado de la segregación como orden urbano y la viejas concepciones de superioridad entre clases y sectores sociales. Mérida es aunque duela reconocerlo; una ciudad donde el racismo persiste y se reproduce todos los días.

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México en clave electoral

x Eduardo Pérez Otaño

 

El próximo 1 de julio se definirá el nuevo presidente de México en sustitución de Enrique Peña Nieto. Con el arranque oficial de las campañas electorales el pasado 30 de marzo, se confirma el fin de las ideologías políticas en esta contienda en particular: las alianzas y componendas para hacerse de las candidaturas pone en evidencia al sistema político mismo.

Cuatro candidatos se discutirán la primera magistratura, y de paso tratarán de concentrar los favores del electorado durante estos tres meses: el oficialista José Antonio Meade Kuribreña, Ricardo Anaya Cortés, Andrés Manuel López Obrador y la independiente Margarita Zavala Gómez. Entre estas opciones deberán elegir cerca de 90 millones de votantes según datos oficiales del Instituto Nacional Electoral.

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Vivienda digna y justicia. Los damnificados del capitalismo

x OLEP/Fragua

Ya pasaron casi cuatro meses desde que un sismo de 7.1 grados en la escala de Richter sacudió el centro del país. Cuatro meses de idas y venidas, sinsabores, negativas por parte de las autoridades de los diferentes estados y el cinismo de los empresarios quienes buscan “ayudarnos”, dejándonos más endeudados.

Las marchas cada vez se hacen más pequeñas, los acopios poco a poco desaparecen y la solidaridad se apaga en medio de las fiestas de fin de año y la cuesta de enero. Cierra el 2017 y parece que todo quedará en el pasado; el 2018 es año electoral y el dinero se irá a las campañas, lo normal. Mientras, nosotros seguimos sin techo, con polines junto a la cama y con deudas y grietas que no paran de crecer.

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La lucha contra las Zonas Económicas Especiales apenas comienza

x Alberto Colin Huizar

De vestimenta impecable, reloj de lujo, traje de importación y corbata azul finamente planchada, Gerardo Gutiérrez Candiani, empresario oaxaqueño titular de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), se dispuso a conversar en televisión (canal once) con Ezra Shabot [1] sobre su vida empresarial, las reformas y el futuro del capital privado en México. No es la primera vez que lo hace. Acostumbrado a emitir mensajes en video, se propuso mostrar la potencia de los empresarios a la hora de construir políticas. Como si fuera parte del 1% del arriba que lo domina todo, planteó su gran proyecto de ZEE como el “ejemplo del desarrollo”. En su imagen idílica del país como tablero de apuestas y jugando a ser dios, intenta imponer su idea de que los campesinos e indígenas son como sujetos del videojuego de estrategia Age of Empires y se les puede dar la orden de trabajar o morir en el momento que se requiera. Este es el ideal de los empresarios, los cuales ven en las ZEE la mayor apuesta del sexenio.

En un texto anterior [2], señalé algunas ideas clave para entender qué son y cómo están operando los procesos de despojo territorial a partir de la implementación de las ZEE en el sur de México. Ahora me propongo examinar algunos artículos fundamentales contenidos en la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y mostrar el avance de la maquinaria extractiva bajo el ensamble capital-Estado que sobrepone la movilidad de los negocios aprovechando el desastre social provocado por los fenómenos naturales (en el caso de Oaxaca) y la violencia totalitaria (en el caso de Veracruz).

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El gobierno a favor de las empresas. El agua no es una mercancía

x OLEP/Fragua

El agua es vida. Del agua dependen los cultivos y el ganado, es decir, nuestro alimento. Somos 70% agua. No podemos persistir sin ella. El derecho a disfrutar del agua para consumo humano es inherente al derecho a la vida de las personas. No podemos pensar uno sin el otro. Pero la burguesía y sus partidos no piensan en derechos, no piensan en el futuro y no les interesan los millones de personas que hoy en la ciudad de México viven sin agua, esperando la tanda semanal o peor, esperando a que la pipa llegue antes de que se acaben los tambos.

El pasado mes de diciembre los diputados de PRD, PAN, PVEM y PRI de la Asamblea Legislativa (ALDF), aprobaron la Ley de Sustentabilidad Hídrica que da pie a la privatización del sistema de agua en la Ciudad de México durante al menos 25 años.Además de esta Ley, el PRD, PAN, PVEM y el PRI también aprobaron la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de México, ampliamente criticada pues garantiza el negocio inmobiliario del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Esta Ley sólo profundizaría la opacidad y arbitrariedad que han caracterizado al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) durante las últimas administraciones. Es sospechosa la urgencia que tienen los partidos PRD y PAN por aprobar una Ley antes de las elecciones y antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución para la Ciudad de México, la cual decreta el derecho al agua, por lo que buscan tener amarrado el negocio antes de esto.

La Ley incluye los componentes requeridos por las empresas para la privatización, como permitir que el Director General de SACMEX (que ahora será una paraestatal), firme acuerdos con las empresas, sin que los ciudadanos tengan acceso a los términos de los acuerdos, como ha sucedido en Puebla y Quintana Roo, donde el contenido de los acuerdos fueron “reservados” por 14 años después de su firma.

Dicen los burgueses que el agua falta en la ciudad porque la administración es burocrática e ineficiente, por supuesto ellos tratan de vendernos la privatización como la panacea, como una medicina mágica que cura todos los males. Según ellos el servicio estaría garantizado pues los empresarios son mejores administradores. Siempre son los mismos argumentos, las mismas máscaras: “descentralización”, “ciudadanización”, “desconcentración”, “modernización”. Tratan de convencernos de que ese camino, el de la privatización, es la única y más adecuada solución a los pésimos servicios que brinda el Estado a la clase trabajadora, pues en las zonas residenciales nunca les falta el agua para regar sus pastos, llenar sus albercas y menos para cocinar o bañarse.

La Ley incluye apartados sobre la comercialización del agua de lluvia. Sí, por ridículo que suene la Ley prevé la posibilidad de que una empresa capte agua de lluvia, la potabilice y la venda.Que nos vendan el agua de lluvia como una mercancía suena al más absurdo de los objetivos de la burguesía.

No es la primera vez que esto ocurre, en Bolivia, en el año 2000, el gobierno capitalista de ese país decretó una ley muy parecida a la que se decretó en la Ciudad de México. Esa ley privatizaba el disfrute del agua potable y no hacía distinción entre las distintas necesidades de una población mayoritariamente campesina e indígena. La principal empresa beneficiada fue Aguas Tunarí, propiedad de uno de los expresidentes de aquella nación sudamericana, que a su vez tenía acuerdos con la empresa norteamericana Brechel. Una vez que la iniciativa privada tomó el mando del abastecimiento del agua, las tarifas se elevaron irracionalmente, millones perdieron el poco acceso que aún tenían al vital líquido. No cabe duda que la burguesía administra eficientemente.

¿Cómo respondió el pueblo boliviano a esta afrenta de la burguesía y su gobierno? La población organizada salió a la calle, se hicieron grandes manifestaciones, se declararon huelgas y se realizaron grandes bloqueos. La represión y las campañas de desprestigio no se hicieron esperar. Pero los riesgos que corrió el pueblo boliviano no han sido infructuosos. El régimen progresista, aunque con asegunes, que gobierna hoy Bolivia es resultado directo de aquel proceso de lucha.

La gran burguesía internacional desde hace décadas se está preparando para asumir el negocio millonario del agua para consumo humano, un negocio que les aseguraría por décadas las ganancias que hoy escatiman a la extracción del petróleo, se trata de un negocio que dejaría 400 mil millones de dólares al año en ganancias. En África, en Europa oriental y en América Latina hay consorcios privados operando servicios de agua potable. Los principales beneficiarios son la norteamericana Brechel y las francesas Viviendi y Suez. ¿Qué sería hoy de Bolivia si su pueblo no se hubiera volcado a las calles en la defensa del agua?

La Organización de Lucha por la Emancipación Popular enarbola la lucha por el derecho al agua en nuestro programa mínimo para la Ciudad de México, el primer punto es “Agua potable para todo el pueblo”. En nuestro programa proponemos: “Acceso universal de agua potable, mínimo 100 litros por habitante en cada vivienda”, “Contra la privatización del SACMEX”, “Tarifas justas y mayores recursos a la construcción de obra hidráulica”. Es una mentira que en nuestra ciudad falte el agua. Lo que falta es un servicio cuyo objetivo sea que el pueblo disfrute del agua según su necesidad y no un esquema en el que se le considera como mercancía, y cuyas ganancias irán a parar a los bolsillos de los burgueses nacionales e internacionales.

¡El agua no es una mercancía, el agua es vida y los trabajadores tenemos derecho a la vida y sabremos defenderla!

NOTA: Este artículo fue publicado como parte de la sección ANÁLISIS del No. 31 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), Enero-Febrero 2018.

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De buenos deseos, coyunturas y realidades: México 2018, elecciones y fragmentaciones (parte II)

Ricardo Armando Flores y Viridiana Alarcón*

En la primera entrega de esta serie de artículos, nos propusimos analizar los horizontes en los que se mueven las izquierdas en México frente a la pregunta: ¿qué se juega en las elecciones en general? En esta segunda entrega, nos enfocaremos al análisis del sector que hemos definido como electoral y su posicionamiento frente a la pregunta antes referida. Comencemos.

 El sector electoral

Es un secreto a voces que para ciertos grupos, organizaciones o partidos de la así llamada “oposición” o de “izquierda”, las elecciones significan la posibilidad de negociar algunas prebendas a cambio de “estabilidad” social y política. Los líderes de estas organizaciones negocian cotos de poder, presupuestos, licitaciones, puestos municipales o estatales, incluso a veces, federales, a cambio del voto de sus agremiados.

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Juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes de Estado

x OLEP/Fragua

Punto diez de nuestro Programa Mínimo de Lucha

Apenas es de madrugada, dos hermanos duermen en un departamento cuando de pronto un grupo nutrido de policías con pasamontañas irrumpe en sus habitaciones, los somete, los tortura y los detiene. Los hermanos, acusados de terrorismo, pasan ocho años en cárceles de máxima seguridad sin haberles probado nada, están en confinamiento, en celdas de dos por dos, incomunicados, cada día que transcurre en estos auténticos centros de exterminio su castigo se prolonga. Su delito es ser solidarios, ser dignos, ser ellos mismos.

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Leyes para la dictadura, dictadura en beneficio del Capital

x OLEP/Fragua

Este año estará marcado por la nueva elección presidencial en nuestro país. Una vez más el pueblo mirará y escuchará hasta el hartazgo discurso tras discurso y promesa tras promesa en la radio, la televisión y hasta el cine “para variar”.

Sin embargo, esta elección tiene cosas nuevas no vistas en nuestro país desde hace muchos años: nos referimos a la aprobación y expedición de la Ley de Seguridad Interior (LSI). A finales del 2017 el poder legislativo con el PRI y el PAN a la cabeza y el representante del poder ejecutivo aprobaron y expidieron una ley para garantizar el fraude electoral.

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