Venezuela: paramilitarismo e intervención

x Joel Guerra Castañeda

En días recientes hemos observado la radical y violenta ofensiva del imperialismo norteamericano y la derecha agrupada en la Mesa de Unidad Nacional para recuperar el petróleo venezolano, en otros tiempos reserva incondicional de Estados Unidos. Una sencilla revisión a los datos arrojados por la Agencia Internacional de Energíaⁱ este año nos dan claridad sobre esta pretensión, puesto que colocan a Venezuela como el octavo exportador mundial de crudo. Dichos intereses explican la campaña mediática internacional antichavista, incontenible en producir mentiras y deslegitimar al gobierno de Nicolás Maduro. El objetivo de este texto es comentar algunas cuestiones ya ensayadas y que se presentan como posibilidades en el futuro para la ejecución de una guerra irregular en la que participe la ultraderecha colombiana, que en alianza con los grupos terroristas internos produzcan una mayor desestabilización de la revolución bolivariana.

Es bien conocido el intento de asesinato del presidente Chávezⁱⁱ en Mayo de 2004 por parte de 50 paramilitares del Bloque Catatumbo, en aquellos momentos liderado por Salvatore Mancuso, uno de los más prominentes jefes de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Estos paramilitares, entrenados en el contexto de la guerra de alta intensidad librada contra el pueblo colombiano en aquella etapa, fueron capturados y posteriormente sus dirigentes revelarían sus nexos con el empresariado y la clase política derechista venezolana. Álvaro Uribe era entonces presidente de Colombia, y el jefe del Departamento Administrativo de Seguridad (inteligencia gubernamental) era Jorge Noguera, quien en 2007 fue enjuiciado por el caso de las «chuzadas» (se conoció así al espionaje ilegal que el DAS realizó a los líderes de la izquierda para entregar su ubicación a los paramilitares).

Una incursión de 50 hombres armados en una operación de objetivos magnicidas fue el arranque de la promoción del paramilitarismo colombiano en Venezuela, que cuesta trabajo imaginar sin la participación de altos mandos civiles y militares colombianos. Era el momento de la ejecución de lo que podría denominarse un Blitzkrieg paramilitar, un periodo corto de violencia contundente contra la población, justo en el marco de la implementación del Plan Colombia (1999-2003), en el que se llevarían a cabo el mayor número de ejecuciones extrajudicialesⁱⁱⁱ en la historia reciente de este país y se alcanzaría un lamentable primer lugar de desplazamiento forzado interno a nivel mundial. 

Posteriormente, a partir del año 2015, el presidente Maduro denunció de forma recurrente los negocios ilegales del paramilitarismo en la frontera, que cumplían la doble función de enriquecer a los comandantes paramilitares y generar desabastecimiento e inconformidad entre la población venezolana. El contrabando de gasolina, drogas y productos básicos y divisas condujo al cierre del cruce fronterizo y al arranque de un conflicto diplomático que buscó extender el desprestigio internacional del ejecutivo venezolano. La derecha colombiana santista-uribista acudió con gozo a estas afrentas, con el respaldo de sus aliados norteamericanos y de la OEA. Esta intervención programada revestida de criminalidad común, fue denominada por el presidente Maduro «capitalismo paramilitar»^iv, haciendo alusión a esta doble dinámica económica y política. Se trata en realidad de la forma operativa del neoparamilitarismo post AUC, que el gobierno colombiano nombra Bacrim (Bandas Criminales), buscando sostener el mito de que el paramilitarismo ha dejado de existir, pero que sigue teniendo amplia presencia y complicidad de la fuerza pública bajo los nombres de Rastrojos, Clan del Golfo, Águilas Negras, Puntilleros, etc. Los datos de organizaciones como Indepaz, Somos Defensores y Marcha Patriótica, que contabilizan entre 80 y 117 defensores de derechos humanos y militantes de izquierda asesinados en 2016, dan cuenta del exterminio sistemático de los promotores del proceso de paz en Colombia.

En el mes de Marzo de este año, a partir de una operación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fue atacado y desmantelado en Táchira un campamento de las «Autodefensas Gaitanistas», el grupo neoparamilitar de mayor presencia y capacidad de fuego en este momento en Colombia. Se hallaron en el lugar insignias y uniformes del Ejército colombiano, venezolano y estadounidense, y listas de extorsión a los traficantes y pobladores de la zona, además por supuesto de armamento de alto calibre, propio de un núcleo armado de alto impacto. Murieron en la acción 9 paramilitares, y se calcula que tenían presencia ahí un número aproximado de 120 hombres^v.

Puesto que se vuelve fundamental contar con una fuerza armada entrenada, que intervenga directamente en Venezuela, las opciones visibles, a mi parecer, son dos: 1) la ejecución de una operación paramilitar de gran calado al estilo AUC, no sólo en territorios de frontera, en conjunto con un derrocamiento rápido del gobierno de Maduro por parte de la oposición; 2) la continuación y extensión de actividades de tipo neoparamilitar, prolongadas y selectivas, en las que se encubra la actuación bajo el manto del crimen organizado. En ambos casos se trata de guerras irregulares, donde la clandestinidad es el objetivo de la acción, puesto que debe librar de responsabilidad al Estado colombiano, al imperialismo norteamericano y la derecha venezolana. Al primer tipo denominaríamos paramilitarismo necropolítico^vi, puesto que se trataría de una acción de despojo capitalista a través de una política de muerte masiva y contundente; y al segundo tipo, paramilitarismo necropolítico selectivo, puesto que el fundamento se sostiene, pero la operatividad es sistemática y de baja intensidad.

La defensa de la revolución bolivariana es una cuestión internacional. Es indispensable denunciar la alianza de clase santista-uribista con la oposición en Venezuela y sus perspectivas de inminente intervención. 

NOTAS