Electricidad: la batalla que viene
x Eduardo Nava Hernández
Con la iniciativa preferente enviada el lunes 1 de febrero al Congreso, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha planteado su, hasta ahora, política más trascendente en materia energética, un sector que, como es sabido le interesa particularmente por sus implicaciones para la nación y el Estado.
Sin echar abajo la reforma constitucional peñanietista de 2013, y dentro del marco de apertura a la inversión privada que ésta implicó, esta pejerreforma busca dar preferencia en la distribución a la energía generada en las plantas de diversos tipos de la Comisión Federal de Electricidad, a contramano de los contratos con los productores privados que otorgaron a éstos ventajas ostensibles.
La reforma de 2013 abrió un gran campo de inversión en el sector eléctrico a las empresas privadas (Enel Green Power, Grupo México, la española Ibedrola, AES Corporación, ILIOSS, Acciona, Minera Autlán y Mexichem, entre muchas otras), que en pocos años han llegado a producir más del 45 % de la electricidad del país y a abastecer a más de mil grandes plantas y empresas de sectores como la minería, altos hornos, cementeras o la panificadora Bimbo (El Universal, 28 jun. 2020). Sin embargo, las líneas de transmisión y distribución siguen siendo exclusivas de la CFE. Los contratos de autoabastecimiento con los generadores privados, que fueron firmados conforme a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, ya abrogada, y que en algunos casos datan del periodo de Carlos Salinas de Gortari, obligaron a esta agencia estatal a comprar toda la energía producida por aquéllos, saturando sus redes y obligando a postergar el despacho de la electricidad producida por la empresa estatal.
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