De buenos deseos, coyunturas y realidades: México 2018, elecciones y fragmentaciones (parte II)
x Ricardo Armando Flores y Viridiana Alarcón*
En la primera entrega de esta serie de artículos, nos propusimos analizar los horizontes en los que se mueven las izquierdas en México frente a la pregunta: ¿qué se juega en las elecciones en general? En esta segunda entrega, nos enfocaremos al análisis del sector que hemos definido como electoral y su posicionamiento frente a la pregunta antes referida. Comencemos.
El sector electoral
Es un secreto a voces que para ciertos grupos, organizaciones o partidos de la así llamada “oposición” o de “izquierda”, las elecciones significan la posibilidad de negociar algunas prebendas a cambio de “estabilidad” social y política. Los líderes de estas organizaciones negocian cotos de poder, presupuestos, licitaciones, puestos municipales o estatales, incluso a veces, federales, a cambio del voto de sus agremiados.
Algunas organizaciones del movimiento popular han sobrevivido gracias al ejercicio de dichas prácticas al resolver, por una parte, las necesidades inmediatas de sus integrantes a cambio de la permanencia irrestricta y acrítica a dichas organizaciones y, por otra parte, porque estas mismas prácticas han generado una amplia red clientelar que permite el control sobre sus integrantes para ser usados a discreción de los líderes cuando de negociar con el Estado se trata.
Estas prácticas, que fueron creadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a lo largo de su historia, para el dominio y control de los diferentes sectores sociales, así como para su afianzamiento en la estructura estatal, fueron copiadas por la mayoría de las organizaciones de la izquierda institucional que hoy día ofertan los votos de sus agremiados a cambio de obtener algún tipo de prebenda.
Dichas organizaciones llevan décadas negociando sus movilizaciones, enriqueciendo a sus líderes y lucrando con las necesidades más sentidas del pueblo. Así, pues, colaboran en la profundización y en el afianzamiento de una cultura política que dificulta y obstaculiza al máximo la formación de una conciencia política revolucionaria, además de que inhibe la posibilidad de reconfigurar las estructuras estatales a favor de las clases subalternas e imposibilita la organización revolucionaria.
Por un lado, partidos con registro electoral como el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), así como las organizaciones que orbitan alrededor del malogrado Movimiento de Liberación Nacional (MLN), las múltiples escisiones filoperredistas del otrora Frente Popular “Francisco Villa” (FPFV)[1], la Unión Popular Revolucionaria “Emiliano Zapata” (UPREZ), la Organización Política del Pueblo y de los Trabajadores (OPT)[2] y los ahora reconvertidos líderes “cooperativistas” de lo que queda del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME); los restos de la Corriente En Lucha (CEL)[3] y el filozapatista Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES)[4]; y, por otro lado, el Frente Popular Revolucionario (FPR) y sus organizaciones satélites, así como la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN) quienes por medio del uso de consignas gastadas y aparentemente radicales no hacen más que servir de grupo de contención mientras reciben dinero del Estado por medio de diversas vías; todas estas organizaciones, de entre muchas otras de corte oportunista y reformista, son ejemplo de esta parte del sector del movimiento popular que, una vez negociadas sus prebendas, no tienen empacho en traicionar a quien sea (incluso a sus bases mismas, a sus presos y a sus ejecutados) con tal de mantener el status quo.
Sin embargo, dentro del sector electoral también encontramos a una gran mayoría de personas progresistas que, o no pertenece ni ha militado en ningún partido, pero que sabe diferenciar los proyectos políticos que representan cada uno de ellos, o que han ido de partido en partido y de fracaso en fracaso porque sus esfuerzos han sido utilizados por sus dirigentes únicamente para conseguir su voto y después, cada tres o seis años, han sido arrojadas a la basura.
Este conjunto de la población que ha vivido la farsa de la “transición a la democracia” en el año 2000 con la elección de Vicente Fox y los fraudes de las últimas dos elecciones (2006 y 2012) y, además, en algunos casos, el fraude electoral de 1988 en contra del Frente Democrático Nacional (FDN) de Cuauhtémoc Cárdenas, es el que nutre, o simpatiza, mayoritariamente con el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). Algunos de ellos son ex militantes de base del PRD, otros son ciudadanos que participaron en algunas coyunturas políticas que han acontecido durante los últimos cuarenta años, pero que nunca asumieron una militancia de tiempo completo ni ingresaron a ninguna organización política permanente o que, cuando lo hicieron, terminaron profundamente decepcionados, renunciando a ellas, pero han seguido reivindicándose a sí mismos como “gente de izquierda”.
Es mayoritariamente este conjunto de la población el que, coyunturalmente, ha salido a las calles en contra de la aplicación de las reformas neoliberales durante los últimos tres sexenios; el que pese a la falta de dirección y el exceso de espontaneidad se ha manifestado en contra del alza al precio de los combustibles en enero de 2017 o el que se ha movilizado solidariamente en apoyo a las diferentes reivindicaciones de los movimientos sociales (desde las movilizaciones contra la guerra en Chiapas, en 1994, cuando los zapatistas eran bombardeados por el Ejército mexicano, hasta las masivas movilizaciones del 2014 en solidaridad con los 43 estudiantes detenidos-desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, pese al silencio cómplice y las torpes declaraciones de la cúpula morenista en aquél entonces). Es también este mismo sector de la población el que se movilizó masivamente y, en muchas ocasiones con mayor coraje que los agremiados del SME, en contra del decreto presidencial que extinguió a la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFyC); el que salió a frenar el desafuero de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en 2005, y el que en 2006 exigía que se reconociera el triunfo electoral del mismo bajo la consigna del “¡Voto por voto, casilla por casilla!”, consigna que, por cierto, nació de la gente movilizada y no de los timoratos asesores de AMLO.
Para esta parte del sector electoral de izquierda, cuya lógica se basa en movilizarse coyunturalmente cuando hay ataques en contra de sus derechos o para solidarizarse con alguna reivindicación del movimiento popular, el sistema político mexicano y su estatalidad aparecen como un espacio que puede ser aprovechado para poner en marcha algunas tímidas y muy limitadas transformaciones que impidan la agudización del proceso incesante de precarización de sus condiciones de vida. Es por esta última razón que, si bien, no se plantean la construcción de un sistema económico o político radicalmente diferente, no hay dentro de ese sector quien plantee escenarios de ruptura y revoluciones socialistas, pero sí comprenden que lo que está en juego en los diferentes proyectos políticos de los partidos es la posibilidad, o no, de ponerle un freno al tren desbocado del neoliberalismo que se alimenta de la muerte, el robo, la explotación y el despojo de amplias franjas de la población trabajadora del campo y la ciudad. En resumen, para este sector, la consigna de “todos los partidos y todos los candidatos son lo mismo” no se corresponde con la realidad. Por ello, el proyecto de nación de MORENA, con todo y las transformaciones que ha experimentado desde 2006[5] a la fecha, representa para ellos esa posibilidad de frenar, aunque sea momentáneamente, la barbarie que se actualiza día con día.
MORENA, ¿más de lo mismo?
El proyecto de MORENA no es un proyecto socialista, tampoco es un proyecto que pueda ser equiparado al de los diferentes partidos y coaliciones de “izquierda” que llegaron al poder por la vía electoral en diferentes países América Latina en las últimas décadas. El proyecto de nación de MORENA hace énfasis, especialmente, en dos puntos que son de suma relevancia en el contexto mexicano de las últimas cuatro décadas. Por una parte, hace énfasis en el combate a la corrupción, se propone buscar la recuperación del presupuesto público para ser ejercido en educación y en infraestructura; por otra parte, enfatiza en la defensa y recuperación del sector energético y del sector agrícola, para promover con ello una vía de tránsito hacia la soberanía energética y alimentaria.
A diferencia, por ejemplo, de los gobiernos de izquierdas de América Latina, el proyecto de MORENA carece de toda radicalidad, ya que no se propone nacionalizar ningún sector estratégico, ni llevar a cabo reformas políticas que descentralicen el poder estatal hacia órganos de poder popular (que nadie en el espectro de la izquierda mexicana ha intentado crear). De hecho, como puede leerse en el Proyecto de Nación 2018-2024 de AMLO y MORENA, se llama a hacer valer y respetar las leyes, incluidas las reformas estructurales, y, a lo sumo, a someterlas “a evaluación para ver si cumplen o no con los propósitos establecidos en su argumentación”[6]. MORENA representa el anhelo pequeñoburgués de sus líderes del desarrollo económico armonioso para que “no haya pobres” y “no exista la injusticia”. Dicho anhelo obvia, tergiversa o esconde el análisis de las contradicciones sociales engendradas por el capitalismo porque, evidentemente, no es anticapitalista, sino antineoliberal, eso sí, muy tímidamente.
De igual manera, en el plano geopolítico, tampoco se propone establecer alianzas o acuerdos estratégicos con los bloques económicos que conformaron y afianzaron los países con gobiernos progresistas de América Latina como el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) o la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA). De hecho, lo que propone es una mayor integración con los dos grandes vecinos del norte y, además, no ofrece ninguna alternativa clara frente al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Es un proyecto que, como puede observarse, no le disputa el control económico y político a la burguesía en su conjunto, sino, más bien, atenta, y de manera tibia, solamente contra algunos de los intereses de esa burguesía y, claro, contra sus correspondientes partidos, gobernadores, diputados y senadores, quienes, de manera cínica, ilegal y facciosa, han fragmentado y vendido al país para hacerse de riqueza y poder. Todo ello, amparados en la grandísima red de corrupción mexicana, complicidades, impunidad y violación sistemática de la Constitución mexicana y de los derechos humanos.
En este sentido, el proyecto que representa MORENA es el intento de “sanear” las estructuras político-estatales para destinar los recursos que hoy se desvían por el vertedero de la corrupción al desarrollo de programas sociales que mejoren algunas condiciones de vida de la población como la alimentación, la vivienda, la educación y la salud. Aunado a ello, y esto podría abrir un horizonte favorable en términos económicos y políticos, existe en el proyecto de MORENA la tímida intención de conquistar la soberanía energética y alimentaria del país, dos sectores estratégicos sobre los cuales podrían desplegarse procesos de soberanía más profundos.
Ahora bien, el sector antielectoral tiene razón al decir que MORENA no representa ningún tipo de proyecto radical frente a los otros partidos políticos. No obstante, no observa que en política las “pequeñas diferencias” significan la posibilidad o no de condenar a cientos de miles de personas a la extrema pobreza, la marginación o la muerte. El sector antielectoral, por su parte, tampoco representa una opción viable si consideramos su poca o nula incidencia en el grueso de la población, sus posturas políticas se asemejan más a la queja impotente de la utopía que no encuentra lugar en el mundo cotidiano en el que habitan los trabajadores y explotados, que la expresión adecuada del momento histórico y sus posibilidades concretas.
No se trata de decir simple y llanamente, faltos de todo análisis concreto de la situación concreta, que “todos son iguales”, ni de sostener acríticamente que “estaríamos mejor con…”, sino de llevar a cabo un análisis exhaustivo de los límites y posibilidades de cada proyecto político para poder generar procesos organizativos efectivos que impongan respuestas y condiciones reales en beneficio de las clases subalternas. No seremos nosotros quienes llamemos aquí a ningún tipo de voto útil que nos instale en una cómoda posición política, pero consideramos que quienes llaman al “abstencionismo consciente” se hallan instalados cómodamente en esa posición desde hace mucho tiempo.
Si, en un acto de autocrítica verdadera los diferentes grupos, organizaciones y colectivos que llaman al abstencionismo o al voto nulo, sacaran las lecciones correspondientes que como izquierda (ya sea socialista, comunista o anarquista) tendrían que llevar a cabo, encontrarían que la pauperización y la barbarie no conducen, en ninguna circunstancia, a la revolución, ni a la germinación de procesos organizativos, ni tampoco a la toma de consciencia de clase. Basta con voltear a ver la dinámica que se ha instalado en todo el territorio nacional en donde la pauperización arroja a enteros sectores y franjas de la población y del territorio a dinámicas de lumpenización y violencia exacerbada en contra de sus hermanos de clase, “todos contra todos y sálvese quien pueda” es la consigna de la barbarie. La realidad impone captar y entender las contradicciones tal y como se presentan y no, de manera mecánica y tosca, tomar partido de manera antidialéctica por uno de los opuestos.
* ricardoarflores@outlook.com
NOTAS
[1] No confundir con las otras múltiples escisiones del Frente Popular “Francisco Villa” Independiente (FPFV-I)
[2] Así como sus apéndices y “cerebros” organizativos que se reivindican un día como una cosa y otro día como otra, entre ellos, el troskista y siempre oportunista Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
[3] Antiguamente Corriente En Lucha por el Socialismo (CELS), organización universitaria protagonista marginal de la huelga de 1987 y corriente casi hegemónica de la huelga estudiantil de 1999-2000 que después de ésta se agenció para sí misma el título de Consejo General de Huelga (CGH-UNAM).
[4] Así como su organización madre el Comité Estudiantil Metropolitano (CEM), ambas organizaciones se hacen pasar por autonomistas y antielectorales, incluso se suman a todas las convocatorias zapatistas, pero en el fondo su práctica política es idéntica a las otras organizaciones electoreras y oportunistas.
[5] En el año 2006 no existía como partido, ni siquiera como organización, pero el Proyecto Alternativo de Nación de AMLO ya existía como propuesta política, aunque en aquella ocasión era enarbolado por la “Alianza por el bien de todos”, coalición electoral del PRD, PT y MC.
[6] El texto completo del Proyecto de Nación 2018-2024 puede consultarse en: http://proyecto18.mx/