La reforma petrolera de AMLO y las nuevas batallas por venir

x Eduardo Nava Hernández

Como en el caso de la reforma eléctrica, lo más seguro es que la mayoría morenista en el congreso apruebe esta iniciativa “sin cambiarle ni una coma”, y que el gobierno enfile hacia un nuevo conflicto en los tribunales y un nuevo choque con el sector privado y el poder judicial.

Como una nueva medida para continuar con el reforzamiento de la presencia del capital público en el sector energético y la regulación de éste por el Estado, el presidente López Obrador hizo llegar al Congreso el 26 de marzo una iniciativa más de reforma legal, esta vez a la Ley de Hidrocarburos en sus artículos 51, 53, párrafo segundo, 56, fracción XI, 57 y 59 Bis, y adicionando una fracción al artículo 56 y un párrafo segundo a la fracción II del artículo 86.

Se trata, en síntesis, de que el Estado, a través de la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y las empresas productivas Pemex y CFE, recupere el control, como un tema de seguridad nacional y de soberanía energética, sobre “el tratamiento y refinación de petróleo, el procesamiento de gas natural y la exportación e importación de hidrocarburos y petrolíferos, así como en el transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, comercialización y expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos”. La iniciativa prevé, que, en casos de desabasto o riesgos a la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional, la Sener podría suspender temporalmente los permisos o licencias a los particulares que participan en la producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, comercialización, expendio al público y exportación e importación de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Al mismo tiempo, Pemex tomaría el control de las instalaciones de las empresas suspendidas. Y, tras su muy segura aprobación, la ley permitiría incluso revocar las franquicias de los distribuidores de gasolinas, diésel y gas que no entreguen a los consumidores las cantidades pagadas por éstos.

Se trata, como en la reciente iniciativa de reforma al sector eléctrico, de recuperar para las empresas productivas del Estado, si no el monopolio sí el papel preponderante en el manejo de la energía. El desabasto de gas natural vivido hace unas semanas, cuando el gobernador de Texas suspendió su exportación para dar preferencia a su mercado interno, parece ser uno de los factores detonantes de esta nueva iniciativa presidencial, remitida a la Cámara de Diputados para su dictamen y eventual aprobación.

La experiencia, breve pero dramática, en la que se suspendió el suministro eléctrico a algunas regiones del norte del país y se paralizó la industria en la que se consume ese gas como insumo, logró salvarse, en efecto, con la intervención de los organismos públicos, resaltando el papel estratégico de éstos en el mercado energético y la actividad económica en general. Pero también parecen pesar en la iniciativa los efectos estructurales de la reforma energética de 2013. Desde mediados del año pasado, las importaciones de diésel por el sector privado superaron las de Pemex.

Una vez más, como en el caso de la recientemente aprobada reforma al sector eléctrico (luego frenada en los juzgados de amparo), López Obrador ha optado por reformar la legislación secundaria antes que el marco constitucional. Es una garantía, igualmente, de una nueva batalla en tribunales federales entre los concesionarios y el Estado; aquéllos ven incluso una intención expropiatoria en la iniciativa presidencial, si bien —como en el caso de las expropiaciones por utilidad pública— los afectados “podrán solicitar, en el marco de la normatividad de la materia correspondiente, el pago de las afectaciones”, según el artículo Cuarto Transitorio de la iniciativa del presidente.

Como en el caso de la reforma eléctrica, la exposición de motivos de esta nueva iniciativa no deja de inculpar a los procesos de privatización y a la política neoliberal en la que “ha imperado la corrupción, el robo de combustible y el desabasto de gasolinas, es en ese tenor que con la presente iniciativa se busca desincentivar diversas prácticas relacionadas con el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos, así como reordenar diversas actividades económicas en el sector, con el fin de combatir la corrupción, garantizar el abasto, así como proteger la economía nacional y los ingresos que percibe el Estado”. Y es que, después de las drásticas acciones del gobierno en los inicios de 2019, el huachicol ha vuelto a repuntar, no sólo como robo en los ductos sino desde los centros de producción, al igual que el contrabando de gasolinas. Por ello los directivos de Pemex han ordenado, no está claro si con pruebas, como lo expresó el director de la revista Contralínea Miguel Badillo en una reciente entrevista con Carmen Aristegui, investigar a los directores generales de las seis refinerías que existen en el país como sospechosos del ilícito.

Agrega también el presidente en su iniciativa que “es tan grave el daño causado al sector energético que no sólo somos el país petrolero que más gasolinas importa en el mundo, sino que compramos petróleo crudo para abastecer a las seis refinerías que apenas sobreviviven”.

Y es cierto. La reforma energética del peñismo —votada en el congreso mediante sobornos a los legisladores del PAN y del PRI, según lo ha denunciado quien en ese momento era director general de Pemex, Emilio Lozoya— no ha elevado la producción interna ni ha atraído inversiones suficientes al sector, ni ha disminuido en consecuencia las importaciones ni ha asegurado precios más bajos a los consumidores. Eso se confirma con los datos del reporte que la empresa envió a inversionistas de los mercados de valores en enero de este año: Pemex sigue, después de seis años de apertura a empresas privadas, extrayendo el 98.8 % del petróleo que produce nuestro país; su inversión en nuevos campos petroleros es 6.6 veces más grande que la de empresas privadas; y en 19 meses del gobierno lopezobradorista la empresa estatal invirtió 144 mil millones de pesos frente a 21 mil 200 millones de las empresas privadas en seis años (Claudia Villegas en Proceso 2316, 21 de marzo de 2021, pág. 15).

El único efecto visible de la reforma peñista ha sido el debilitamiento de Pemex en el mercado interno, la elevación de su inmensa deuda (que creció un 13.9 % en 2020 para alcanzar la estratosférica cifra de 113 mil 200 millones de dólares) e incluso el deterioro de sus instalaciones. Algo tiene que hacerse para recuperar la principal empresa del país y del Estado.

El 18 de marzo, en la ceremonia conmemorativa por los 83 años de la Expropiación Petrolera, el presidente anunció, o reiteró, diez medidas para el fortalecimiento de la petrolera nacional. Algunas de ellas son: respetar los contratos de inversión ya firmados con entes privados, pero no otorgar nuevas concesiones para la exploración de campos petroleros, y preservar la participación de Pemex en el mercado interior; cumplir las metas de producción de gasolinas para el mercado interno a fin de reducir las importaciones; buscar que todo el petróleo crudo sea procesado en nuestro país y no exportado; reducir a no más de dos millones de barriles diarios la extracción para reponer al cien por ciento las reservas probadas del país y “no afectar a las nuevas generaciones”; fortalecer la exploración y perforación de yacimientos de gas para abatir las importaciones; y que la Secretaría de Hacienda seguirá reduciendo la carga fiscal de Pemex.

Es claro, entonces, como conocido de antemano, el propósito presidencial de fortalecer y revitalizar la empresa petrolera estatal después de un largo periodo de abandono, saqueo y transferencia de ganancias a los particulares. La reducción de la producción va, además en consonancia con las políticas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP (a la que no pertenece nuestro país), si bien es muy probable que éstas se reviertan en el segundo semestre del año, si empieza la recuperación de la pandemia mundial.

Sin embargo, las medidas anunciadas el 18 de marzo y la iniciativa presentada unos días después no saldrán adelante con facilidad. Nuevamente, el presidente ha optado, como en su reforma al marco regulatorio de la electricidad, por promover la modificación de la legislación secundaria antes que una enmienda constitucional, una senda segura hacia los amparos de las empresas contratistas y concesionarios de gasolinerías. Contra la iniciativa se han manifestado ya la organización nacional de estos últimos, la Onexpo, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Imco, la Coparmex y Gustavo de Hoyos, su ex presidente, consultores económicos del sector privado y otras voces empresariales. Pero también el PRD (pese a que este partido no apoyó en su momento la reforma del Enrique Peña) e instituciones financieras internacionales como el banco suizo UBS. También la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que ha anunciado que ha anunciado que realizará acciones ante el gobierno de AMLO para lograr un “trato justo” a las empresas estadounidenses en el sector energético mexicano y el cumplimiento de los compromisos contraídos con el T-MEC en materia de inversión, si bien el documento emitido recientemente por esa dependencia del gobierno estadounidense fue elaborado con anterioridad a las iniciativas de reforma eléctrica y de hidrocarburos.

Las impugnaciones y críticas a las iniciativas de López Obrador se centran en cuatro aspectos: considerarlas anticonstitucionales, desalentar la inversión privada y extranjera no sólo en el sector energético sino en la economía nacional en general, ser contrarias a los tratados internacionales suscritos por nuestro país y estimular las fuentes energéticas “sucias”, los hidrocarburos, contraviniendo también compromisos como el Acuerdo de París de 2015.

Como en el caso de la reforma eléctrica, lo más seguro es que la mayoría morenista en el congreso apruebe esta iniciativa “sin cambiarle ni una coma”, y que el gobierno enfile hacia un nuevo conflicto en los tribunales y un nuevo choque con el sector privado y el poder judicial. Nuevas conflagraciones nublan el horizonte para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que, si bien intenta legítimamente reivindicar el patrimonio energético del país, puede también en el plazo inmediato contraer la inversión y retrasar la recuperación económico. Aun pagando este último muy alto precio, valdría la pena intentarlo, pero los resultados efectivos aún están por verse.

Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH.

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